1 Municipalización de Servicios
Los Servicios Públicos son, desde la perspectiva anarcosindicalista,
la materialización de los derechos sociales y colectivos conquistados.
Su realidad consolidada también esta ligada a la existencia del trabajo y
de la función pública. Su existencia obliga al Estado a realizar
funciones de redistribución y reparto de la renta disponible entre las
clases sociales. Si el flujo de extracción de renta de los grupos
sociales acomodados para los servicios públicos disminuye o desaparece o
se reconduce con las privatizaciones, los servicios públicos se
degradan o desaparecen al mismo ritmo que la transformación de estos
flujos.
La administración municipal y local, aunque en la sociedad
capitalista también está condicionada por el Estado y los intereses
particulares y generales de cada clase dominante en cada localidad, es
también la instancia administrativa más cercana física y
institucionalmente a las clases populares y en particular a la clase
trabajadora. Esta razón la hace más susceptible de ser alcanzada por las
prácticas y ensayos de democracia directa y de control colectivo.
La experiencia de privatización de servicios públicos municipales ha
demostrado que su prestación indirecta (externalización) es más costosa
económicamente, de menos calidad, de casi imposible control democrático y
de puerta abierta al clientelismo tanto en la adjudicación de la
producción de la prestación como en la recepción del servicio.
La prestación de servicios públicos locales por gestión directa, por
funcionarios y trabajadores públicos (sin externalización), sean
mínimos, básicos según el nivel de población, complementarios o aquellos
que la población local considere necesario incluir, pueden permitir por
encima de otras formas de prestación y niveles administrativos
superiores:
- Incrementar el nivel de recursos colectivos disponibles fuera de las redes del mercado y del capital.
- Orientarse a la plena prestación universal (la que más garantías de solidaridad ofrece).
- Bloquear los procesos de clientelismo.
- Aproximarlos al control colectivo directo.
- Alejarlos del núcleo del Estado.
- Transparencia de gestión.
- Bloqueo de la precarización laboral y mantenimiento de derechos laborales fuera del mercado capitalista o de la desregularización de la economía informal (incluida la asociativa).
En circunstancias de economía financiariada y, en concreto, en
el marco de políticas de expolio internacionales mediante memorándums de
retorno de la deuda exterior e interior como es el caso del Estado
español, los servicios públicos de gestión directa son la forma más
eficaz de defensa contra el expolio colectivo, de las clases populares.
El único límite deseable a la municipalización ha de ser para
aquellos servicios cuya dependencia de la redistribución social de las
rentas tengan carácter territorial superior al ámbito del municipio
como, por ejemplo, educación y sanidad. Incluso en este punto, seria
deseable una participación municipalista y de base popular en su control
y seguimiento.
Por esta razón, la CGT debería apostar por:
- La recuperación de todos los servicios públicos privatizados y externalizados para la gestión directa (La entrada en funcionamiento de tratados como el del TTIP -u otros parecidos- hace necesario que la remunicipalización obtenga carácter de urgencia y de arma de autodefensa contra el expolio.
- Extender la municipalización por gestión directa a cualquier servicio que la población crea necesario, por encima de los intereses del capital o de cualquier grupo privado.
- Recomendar la creación de los servicios públicos locales de gestión directa que aún no existan en todas aquellas materias ligadas a derechos sociales de la población o en cualquier ámbito en que se produzca un incremento de los recursos colectivos disponibles.
- El impulso de todas las medidas municipales reconocidas, pero también de aquellas que sean un nuevo ensayo: para el fomento de la democracia directa colectiva, para limitar el expolio de lo público, para la limitación de la propiedad privada y para la consolidación de los derechos sociales en servicios públicos locales de gestión directa.
- Dentro del abanico de formas de gestión, optar siempre por la forma más directa; es decir, por una dependencia administrativa antes que por un organismo autónomo y por estas dos formas antes que por una entidad pública empresarial, consorcio o empresa municipal. Todo ello, con el objetivo de facilitar el incremento exponencial de la transparencia y del control colectivo, la mejora de la economía local y el incremento de la calidad de las prestaciones.
- El impulso y proyección del municipalismo libertario en combinación con el proyecto colectivizador y de economía federativa anarcosindicalista, promoviendo los servicios públicos de gestión directa municipal y la función y trabajo públicos, fomentando una colectivización autogestionada de lo privado con la integración / federación de toda la economía local en la municipalización, apostando por que este impulso se realice desde la propia clase trabajadora en los lugares de trabajo y promoviendo, estudiando y tejiendo redes federativas amplias de servicios públicos de gestión directa, en una economía colectivizada.
2 Funcionarización
La apuesta de la CGT por la defensa de la municipalización y de la
gestión directa de los servicios públicos es indisociable de la defensa
de la función y trabajo públicos.
En este sentido, la función y trabajo público son la mejor opción para:
- Evitar el clientelismo, tanto en la adjudicación de la producción de servicios como en su destinatario final.
- Garantizar los intereses públicos por encima de los privados.
- Garantizar la prestación de un servicio universal no sectorializado ni limitado.
- Una completa transparencia de gestión.
- Un control colectivo, como forma de democracia directa.
- Garantizar la consolidación de los derechos sociales por encima de la presión del mercado.
- La fiscalización interna por parte de los propios trabajadores y permitir la denuncia de los proyectos especulativos realizados por el estado burgués (impulsados mediante la instrumentalización estatal de las administraciones públicas).
En este sentido, la CGT exigirá el conjunto de las anteriores
premisas a los gobiernos y estructuras estatales de poder que
condicionan las administraciones públicas y denunciará su
incumplimiento.
Para finalizar, la CGT para consolidar la vinculación del servicio,
función y trabajo público con los derechos sociales apuesta porque:
- Estos servicios sean cada vez más fiscalizados por las clases populares con prácticas de democracia directa y organización colectiva, respetando siempre la ejecución y producción pública directa del servicio, pero democratizando su supervisión, control y planificación, promoviendo para ello los Consejos Populares pertinentes.
- Los trabajadores públicos participen cada vez más en la gestión interna, profesional y técnica de los servicios, promoviendo la horizontalidad en lugar de la jerarquía, el funcionamiento asambleario, colegiado y finalmente, la coordinación entre las asambleas técnicas de trabajadores y las formas de control directo y colectivo de los servicios.
Barcelona, febrero de 2015
Secció Sindical CGT Ajuntament de Barcelona
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