El Vaivén de Rafael Cid
La propuesta de incluir en la Constitución un techo de gasto para las administraciones públicas sin un referéndum previo que lo legitime, es lo más parecido que existe a un golpe de Estado palaciego (autogolpe, porque se hace desde el mismo Estado). La iniciativa, relevada por sorpresa por el presidente del Gobierno (saliente) en el último pleno del Congreso de esta legislatura, y apoyada sobre la marcha por el Partido Popular, con cuyo líder Mariano Rajoy había pre-cocinado Zapatero la medida la noche anterior, supone una injerencia inadmisible en la soberanía popular al permitir a un bipartidismo agonizante colar un cambio en la Carta Magna que va a precarizar estructuralmente los recursos públicos (y sociales) al margen de la voluntad de los ciudadanos. Todo ello saltándose a la torera los mínimos requisitos formales que una acción de esa trascendencia exige. Como en tiempos de la dictadura franquista, el golpe de mano constitucional de ZP se perpetra en pleno agosto vacacional, fruto de un pacto entre notables, de penalty (se quiere aprobar en sólo 2 semanas) y de la mano de un Ejecutivo que se ha puesto a si mismo fecha de caducidad. ¡No nos representan! ¡Lo llaman democracia y no lo es!
Estamos ante una propuesta que recuerda a la que en Portugal hizo el también partido socialista en el poder, al solicitar el rescate a Bruselas después de disueltas las cámaras tras perder una votación por amplía mayoría en la que precisamente se planteaba solicitar el rescate de la Unión Europea ante una eventual situación de quiebra. Lo que viene a demostrar que las medidas impuestas por los gobiernos europeos a sus pueblos para sufragar el crac de sus sistemas financieros suponen en última instancia un caballo de Troya contra la democracia. Ayer fue Portugal; antes cayó Grecia, donde el PASOK, otro miembro de la Internacional Socialdemócrata, que había ganado las elecciones con la promesa de no plegarse a los mercados, no tardó en aceptar las recetas del rescate neoliberal; y ahora España, prueban que lo que está en juego es la propia democracia que todos esos regímenes dicen falsamente representar.
En nuestro caso, el acuerdo Zapatero-Rajoy, que se lleva con todos los diablos al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y sus hilarantes contrapropuestas (donde dije digo digo Diego), es el pago exigido por el BCE al comprar deuda española en el mercado secundario y así evitar que la prima de riesgo y el Ibex alcanzaran cotas imposibles. Mientras, el eje París-Berlín dejaba claro que no estaba dispuesto a dar luz verde a la emisión de eurobonos para ayudar a los países en aprietos, y con ello socializar sus deudas entre los 17 miembros de la eurozona. Porque ni Sarkozy ni Merkel ( reunión de pastores…) se podían permitir que una quiebra de España o de Italia afectara a las entidades que mayor paquete de deuda soberana retienen, es decir, la banca gala y la germana.
En este contexto, las cúpulas del PSOE y del PP trajinaron la técnica del golpe de Estado que en el mañana del martes 23 de agosto se sacaría de la manga el presidente dimisionario del Gobierno Rodríguez Zapatero en un nuevo gesto de rendición incondicional a las exigencias del gran capital financiero. Poder real en la sombre éste al que la disminución del IVA en 4 puntos en la compra de vivienda nueva parece la purga Benito ante la obstinada realidad de que un enorme parque inmobiliario, blindado al libre juego de la competencia para impedir el desplome de la tasación a nivel de mercado, destroce sus maquillados balances.
En España la crisis comenzó por los efectos de una burbuja inmobiliaria-crediticia fomentada en tándem por los gobiernos sucesivos del PP y del PSE y, si la protesta ciudadana no lo remedia, puede despedirse con un atentado antidemocrático inspirado por esos sectores que han monopolizado la “marca España”, y que significaría constitucionalizar un modelo económico al servicio exclusivo de los poderes fácticos (otro atado y bien atado). Con lo que de paso, la profunda deslegitimación cosechada por la clase política debido a las medidas antisociales aprobadas lograría la propina de un baño de legalidad que haría más difícil (no imposible) la resistencia y la desobediencia civil.
Y sin embargo en la desobediencia de la sociedad civil, aquí y ahora, está el principio del final, la equis de la solución al problema. El movimiento 15-M tiene ante sí la oportunidad de pasar a una fase realmente radical y constructiva enarbolando la bandera del derecho irrenunciable al referéndum constitucional previo y vinculante. Y ganándole. Derrotar al gobierno, al PSOE y al PP, que son los poderes menguantes y crecientes en el escrutinio de la urnas, y de paso llevarse por delante a los sectores reaccionarios que conspiran para la desregulación neoliberal global es tumbar al sistema.
Si esa suprema inteligencia colectiva, pacífica, democrática y solidaria, que ha sido hasta ahora el mejor activo de la protesta de los indignados, se enfoca por la vía del referéndum contra los propósitos del despótico bipartidismo rampante, con generosidad, ofreciendo una última oportunidad de rectificación a esos agentes sociales que, como UGT y CCOO, han tenido hasta ahora una actitud vacilante y contradictoria, podemos abrir las puertas del porvenir y cerrar para siempre el camino de la claudicación y la resignación.
¡Si se puede! Islandia, Túnez y Egipto lo han logrado. Chile está en ello.
Vayamos a la ruptura democrática con el sistema circular de más de mismo que han supuesto estos 36 años de monarquía del 18 de julio, nacional-catolicismo y plutocracia cleptómana. Arranquemos un rotundo NO en el referéndum que nos quieren negar y habremos puesto los pilares de un proceso constituyente para una verdadera democracia. El 15-M, la sociedad civil, la gentes de buena voluntad, los trabajadores, los ciudadanos activos, los movimientos sociales, los sindicatos realmente representativos, los jóvenes, los pensionistas y los indignados todos, tenemos la palabra. De nosotros depende.
http://www.radioklara.org/radioklara/?p=1270
La propuesta de incluir en la Constitución un techo de gasto para las administraciones públicas sin un referéndum previo que lo legitime, es lo más parecido que existe a un golpe de Estado palaciego (autogolpe, porque se hace desde el mismo Estado). La iniciativa, relevada por sorpresa por el presidente del Gobierno (saliente) en el último pleno del Congreso de esta legislatura, y apoyada sobre la marcha por el Partido Popular, con cuyo líder Mariano Rajoy había pre-cocinado Zapatero la medida la noche anterior, supone una injerencia inadmisible en la soberanía popular al permitir a un bipartidismo agonizante colar un cambio en la Carta Magna que va a precarizar estructuralmente los recursos públicos (y sociales) al margen de la voluntad de los ciudadanos. Todo ello saltándose a la torera los mínimos requisitos formales que una acción de esa trascendencia exige. Como en tiempos de la dictadura franquista, el golpe de mano constitucional de ZP se perpetra en pleno agosto vacacional, fruto de un pacto entre notables, de penalty (se quiere aprobar en sólo 2 semanas) y de la mano de un Ejecutivo que se ha puesto a si mismo fecha de caducidad. ¡No nos representan! ¡Lo llaman democracia y no lo es!
Estamos ante una propuesta que recuerda a la que en Portugal hizo el también partido socialista en el poder, al solicitar el rescate a Bruselas después de disueltas las cámaras tras perder una votación por amplía mayoría en la que precisamente se planteaba solicitar el rescate de la Unión Europea ante una eventual situación de quiebra. Lo que viene a demostrar que las medidas impuestas por los gobiernos europeos a sus pueblos para sufragar el crac de sus sistemas financieros suponen en última instancia un caballo de Troya contra la democracia. Ayer fue Portugal; antes cayó Grecia, donde el PASOK, otro miembro de la Internacional Socialdemócrata, que había ganado las elecciones con la promesa de no plegarse a los mercados, no tardó en aceptar las recetas del rescate neoliberal; y ahora España, prueban que lo que está en juego es la propia democracia que todos esos regímenes dicen falsamente representar.
En nuestro caso, el acuerdo Zapatero-Rajoy, que se lleva con todos los diablos al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y sus hilarantes contrapropuestas (donde dije digo digo Diego), es el pago exigido por el BCE al comprar deuda española en el mercado secundario y así evitar que la prima de riesgo y el Ibex alcanzaran cotas imposibles. Mientras, el eje París-Berlín dejaba claro que no estaba dispuesto a dar luz verde a la emisión de eurobonos para ayudar a los países en aprietos, y con ello socializar sus deudas entre los 17 miembros de la eurozona. Porque ni Sarkozy ni Merkel ( reunión de pastores…) se podían permitir que una quiebra de España o de Italia afectara a las entidades que mayor paquete de deuda soberana retienen, es decir, la banca gala y la germana.
En este contexto, las cúpulas del PSOE y del PP trajinaron la técnica del golpe de Estado que en el mañana del martes 23 de agosto se sacaría de la manga el presidente dimisionario del Gobierno Rodríguez Zapatero en un nuevo gesto de rendición incondicional a las exigencias del gran capital financiero. Poder real en la sombre éste al que la disminución del IVA en 4 puntos en la compra de vivienda nueva parece la purga Benito ante la obstinada realidad de que un enorme parque inmobiliario, blindado al libre juego de la competencia para impedir el desplome de la tasación a nivel de mercado, destroce sus maquillados balances.
En España la crisis comenzó por los efectos de una burbuja inmobiliaria-crediticia fomentada en tándem por los gobiernos sucesivos del PP y del PSE y, si la protesta ciudadana no lo remedia, puede despedirse con un atentado antidemocrático inspirado por esos sectores que han monopolizado la “marca España”, y que significaría constitucionalizar un modelo económico al servicio exclusivo de los poderes fácticos (otro atado y bien atado). Con lo que de paso, la profunda deslegitimación cosechada por la clase política debido a las medidas antisociales aprobadas lograría la propina de un baño de legalidad que haría más difícil (no imposible) la resistencia y la desobediencia civil.
Y sin embargo en la desobediencia de la sociedad civil, aquí y ahora, está el principio del final, la equis de la solución al problema. El movimiento 15-M tiene ante sí la oportunidad de pasar a una fase realmente radical y constructiva enarbolando la bandera del derecho irrenunciable al referéndum constitucional previo y vinculante. Y ganándole. Derrotar al gobierno, al PSOE y al PP, que son los poderes menguantes y crecientes en el escrutinio de la urnas, y de paso llevarse por delante a los sectores reaccionarios que conspiran para la desregulación neoliberal global es tumbar al sistema.
Si esa suprema inteligencia colectiva, pacífica, democrática y solidaria, que ha sido hasta ahora el mejor activo de la protesta de los indignados, se enfoca por la vía del referéndum contra los propósitos del despótico bipartidismo rampante, con generosidad, ofreciendo una última oportunidad de rectificación a esos agentes sociales que, como UGT y CCOO, han tenido hasta ahora una actitud vacilante y contradictoria, podemos abrir las puertas del porvenir y cerrar para siempre el camino de la claudicación y la resignación.
¡Si se puede! Islandia, Túnez y Egipto lo han logrado. Chile está en ello.
Vayamos a la ruptura democrática con el sistema circular de más de mismo que han supuesto estos 36 años de monarquía del 18 de julio, nacional-catolicismo y plutocracia cleptómana. Arranquemos un rotundo NO en el referéndum que nos quieren negar y habremos puesto los pilares de un proceso constituyente para una verdadera democracia. El 15-M, la sociedad civil, la gentes de buena voluntad, los trabajadores, los ciudadanos activos, los movimientos sociales, los sindicatos realmente representativos, los jóvenes, los pensionistas y los indignados todos, tenemos la palabra. De nosotros depende.
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