La reforma de la administración que prepara el Gobierno del PP recorta los servicios públicos, el empleo y los derechos de l@s trabajador@s

 El pasado viernes se presentó el proyecto de reforma realizado por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) con 218 medidas. En el Consejo Asesor participan CCOO, UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME y otras organizaciones. Entre las medidas lanzadas algunas afectan al colectivo de la Seguridad Social doblemente, como emplead@s públic@s y como trabajador@s de este servicio.

 

Después de 18 meses de trabajos en la sombra a cargo de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) y de unos días de intenso bombardeo mediático por parte del Gobierno y sus medios de comunicación acólitos se ha hecho público las conclusiones de este grupo de “expertos” en recortar, privatizar y despedir.

En primer lugar, llama la atención que en el Consejo Asesor de esta comisión participen, una vez más, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF que, como acurre casi siempre, luego justifican  su participación sobre el argumento de que no conocían el resultado final y que están abiertos al dialogo con el gobierno (lo mismo que para recortar las pensiones). Más sorprendente es la participación de la asociación de altos cargos de la administración FEDECA en esta comisión ya que ni tan siquiera son un sindicato y mucho menos representativo. Imaginamos que estarán por ser de la confianza del Gobierno (un amigo es un amigo).

Por lo que parece, se había creado un buzón de participación ciudadana que ha recibido 2.239 sugerencias en el trascurso de los trabajos  de esta comisión. Y nos preguntamos ¿este buzón de sugerencias dónde lo tenían montado?¿en las sedes del PP? Porque la mayoría de la sociedad desconocía la creación de esta comisión y del citado buzón. Seguro que las distintas mareas en defensa de los servicios públicos hubiese hecho llegar gustosamente sus propuestas a esta comisión pero el Gobierno prefiere escuchar a la troika, a las agencias de calificación y a los bancos (con intereses directos en los recortes de los servicios públicos) antes que a la sociedad civil.

Destaca que el Gobierno comienza el informe reconociendo que tenemos una de las administraciones más exiguas y el menor gasto público de nuestro entorno (España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la Unión Europea, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%)]. Al mismo tiempo también reconoce una fuerte caída en los ingresos públicos (en 2012 el nivel de ingresos públicos se situó en el 36,4% del PIB, casi 10 puntos porcentuales de PIB por debajo de la media de la zona euro, siendo el país de la eurozona con el nivel más bajo de ingresos públicos sobre el PIB, solo por detrás de Irlanda (34,6%) y de Eslovaquia (33,1%)]. Sin embargo el Gobierno, en vez de actuar reforzando los servicios públicos y mejorando las medidas para aumentar los ingresos del Estado (básicamente mejorando la progresividad del sistema impositivo y luchando contra el fraude fiscal) va en la dirección contraria y recorta drásticamente en sanidad, educación, ayudas a dependientes, lucha contra la violencia machista, etc. mientras aumenta la presión fiscal sobre los sectores más desfavorecidos (el 80% de la carga fiscal recae sobre los asalariados), aumenta el IVA (el impuesto más regresivo) y los impuestos especiales, mientras que las grandes fortunas, el capital especulativo o directamente mafioso (Adelson y el proyecto Eurovegas) reciben un trato de favor, una fiscalidad a medida para pagar lo menos posible y amnistías fiscales para tapar sus chanchullos. Al fin y al cabo, estos son de la familia y los trabajadores somos el enemigo.

El resultado es que en el año 2012 se produjeron 374.800 despidos en el sector público (más de 100.000 profesores y profesoras –ninguno de religión católica-, médicos y personal de enfermería, bomberos, interinos…) superando la destrucción de empleo en el sector público (el 11,6%) al privado (el 7,7%). Esto está llevando a una situación de auténtica emergencia en muchos servicios públicos, deteriorando su funcionamiento y poniendo en riesgo su supervivencia.

Bajo la habitual verborrea neoliberal de “modernización “ y racionalización” se esconde el autentico objetivo de esta contrarreforma: recortar el sector público privatizando bienes y servicios, recortar la plantilla mediante la tasa cero de reposición de efectivos y los despidos masivos de personal laboral e interino, aumentar la movilidad geográfica y laboral del personal funcionario y rebajar los costes salariales mediante las bajadas de sueldo y los recortes de derechos (incapacidad temporal, jubilación, acción social…).

 Algunas de las medidas de este Informe:

• Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social que se fusionan en una única Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Social de la Marina (ISM) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
• Medidas de Empleo Público:

- La congelación de las Ofertas de Empleo Público para 2012, 2013 y 2014, estableciendo una tasa de reposición de efectivos cero con carácter general y del 10% limitada a determinados ámbitos, como la prevención del fraude y determinados servicios.

- Habilitación legal del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el ámbito de la Administración Pública, para el personal no funcionario.

- Reducción de días de asuntos particulares y supresión de días adicionales a los días de libre disposición.

- Modificación de las condiciones de acceso y permanencia en situación de incapacidad temporal.

- Modificación de la edad para poder acceder a la jubilación ordinaria, elevándola de los 65 a los 67 años. La Ley introdujo un período transitorio de 14 años para la aplicación progresiva de esta medida.

- Extensión mínima de la jornada laboral del sector público a 37,5 horas semanales.

- Medidas de empleo público sectoriales.

- Plan de reducción del absentismo.

- Modificación del régimen de incompatibilidades.

- Modificación del régimen de permisos sindicales.

• Diseño de herramientas de medición de cargas de trabajo que faciliten la asignación eficiente de recursos humanos y establecimiento con carácter general de mecanismos para la evaluación del desempeño
• Mayores mecanismos de movilidad interna y movilidad interadministrativa para un uso lo más eficiente posible de los recursos de los que dispone cada Administración, canalizando hacia los sectores deficitarios parte de los efectivos ubicados en sectores que se consideren excedentarios
• Generalizar la emisión de documentos sanitarios europeos sin desplazamiento a las oficinas.
• Cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
• Informe de estar al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social.
• Desarrollo de la oficina electrónica de información a los ciudadanos y gestión de prestaciones de la Seguridad Social.
• El proyecto pretende transformar el actual modelo de atención del Instituto Nacional de la Seguridad Social, basado en la atención presencial, incorporando como una opción efectiva el canal telemático. La oficina electrónica permitirá que el ciudadano realice íntegramente cualquier tipo de gestión administrativa, obteniendo una respuesta instantánea a sus solicitudes, ya que el dispositivo permitirá automatizar los procesos de gestión. ¿Tienen los CAISS los días contados?
• Se ha creado (http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/22/pdfs/BOE-A-2013-6762.pdf ) la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración que será la encargada de ejecutar en esta legislatura las medidas del Informe CORA.  Añadir también que se crea la figura del “Chief Information Officer” (CIO) que elaborará una nueva Agencia TIC de la AGE en la que a corto/medio plazo se integraran los centros TIC medianos dejando los centros TIC  de la AEAT, GISS, SPEE para más adelante