Articulo publicado en el Carrer 121 por Luis CaldeiroEn el año 2005, un artículo publicado en el nº 92 de Carrer (“La Izquierda Pija también privatiza”) provocaba una queja formal del gabinete de prensa de la entonces presidenta de Parcs i Jardins, Inma Mayol. La decisión municipal de convertir este organismo en Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) y el consiguiente temor de los Sindicatos a que ello significara abrir la puerta a una posterior privatización, constituían el espinoso tema de aquel artículo. Seis años después, esta es la situación del organismo que cuida del verde de la ciudad.
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Tras las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo, muchas cosas empezaron a cambiar en España. Cayeron, por ejemplo, feudos que parecían inamovibles. “Los socialistas gobiernan en Barcelona desde que la televisión era en blanco y negro”, sentenciaba no hace mucho el periodista Xavier Rius. Y junto a ellos, el partido de Inma Mayol, Iniciativa, copartícipe del gobierno de la ciudad durante ese largo período de tiempo. Pero parece que hay cosas que no cambian. Por ejemplo, determinadas políticas relacionadas con los servicios públicos, en tiempos de pujanza neoliberal. La victoria de CiU en las municipales trajo, como es natural, una nueva composición del Consejo de Administración de Parcs i Jardins (ahora lo preside el convergente Puigdoller) pero curiosamente su primera decisión ha sido ratificar en el cargo de Gerente a Jordi Campillo, de la órbita de ICV. ¿Continuismo en la gestión? Veamos si los temores que manifestaban los trabajadores de Parcs i Jardins en 2005 estaban justificados.
El cambio legal
De momento, ya es significativo que “el espectáculo insólito, la unidad sindical, hoy por hoy impensable en el conjunto de la ciudad” al que se refería el artículo del 2005 se haya mantenido. En efecto: seis años después, todos los sindicatos siguen manteniendo un frente común en este asunto, pese a las profundas diferencias que les separan en materia de acción sindical. Y todos coinciden en señalar que los temores manifestados por aquel entonces se han visto confirmados. Por ejemplo, la “obligatoriedad”, aducida por el Ajuntament, de convertir varios Institutos Municipales en Organismos Autónomos o en Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL) -supuestamente establecida por la Ley 57/2003, de Modernización de la Administración Local- sólo se aplicó, finalmente, a Parcs i Jardins: ningún otro Instituto vió trastocado su estatuto jurídico. Se confirmaba así una de las tesis sindicales: la decisión de convertir en EPEL fue una decisión política, no una obligación legal. Un punto clave, ya que, tal como explicaba el artículo de 2005, una EPEL “(…) supone que, aunque la titularidad siga siendo municipal, la empresa tendrá amplia autonomía para externalizar (ceder la ejecución de un servicio a una subcontrata)”. La conversión en Entidad Pública explicaría, por tanto, muchas de las cosas que sucedieron después.
De aquellos polvos…
“La ley obliga (a convertir en EPEL) solamente si se pretende continuar con las actividades comerciales del Institut con terceros”. Así replicaba Inma Mayol cuando se cuestionaba la obligatoriedad del cambio jurídico para Parcs i Jardins. En aquella época, las “actividades comerciales con terceros” suponían el 9 % de la actividad total de la empresa. Desde entonces, sin embargo, este capítulo no ha dejado de decrecer: de 3.065.167 de euros en 2005 se ha pasado a 2.518.175 este año. Y las externalizaciones (subcontratas), por el contrario, han crecido exponencialmente: mientras en 2005 suponían 5.521.977 de euros, en 2011 se han elevado a nada menos que 13.883.615. Si tenemos en cuenta que dichas subcontratas ofrecen un servicio de peor calidad que la ejecución directa por personal de Parcs i Jardins, tendremos una de las causas de la progresiva degradación de este organismo. Pero aún así, no es más que un aspecto de tal degradación: las subcontratas se vinculan también con la falta de personal. “El déficit de plantilla es una tendencia que ya existía antes de convertirnos en EPEL” –comenta Pepe Ruiz, presidente del Comité de Empresa (CCOO)- “pero que se agudiza con el cambio jurídico. Si tomamos las cifras de la propia empresa, que establece una proporción de 1’2 trabajadores por hectárea, resulta que necesitaríamos alrededor de 300 empleados más. ¿Que cómo se cubre este déficit?” –se pregunta Ruiz- “pues sólo en parte y mal: dando trabajo a terceros. O sea, externalizando”. Las consecuencias de esta política son claras: “este año, al no contratar para sustituciones de verano, el riego estival de arbolado se ha concedido a una subcontrata (Urbaser, del grupo ACS), cuyo pésimo servicio ha provocado el secado de muchos árboles de la ciudad”. El empeoramiento de la calidad que traen las subcontratas alcanza también al mantenimiento (lo cual deteriora los equipamientos, que luego hay que regenerar con costosos planes de “renovación integral” pagados con dinero público) o a la gestión externalizada de los juegos infantiles. El colmo llega con la Poda Vial (la campaña de poda de arbolado en la vía pública, de octubre a marzo), en la que “no sólo hay subcontratación de la poda” –comenta Antonio Cano, de CGT- “sino también de la supervisión de la poda. Pero es que además hay un supervisor del supervisor”. Es decir, las subcontratas no sólo son sinónimo de peor servicio; también nos cuestan más dinero.
Vinieron estos lodos…
Ante este panorama, el ciudadano medio –condicionado por los medios de comunicación y la propaganda oficial- sólo verá otro servicio público degradado, al que es necesario privatizar para hacer eficiente. O como dice el presidente del Comité de Empresa: “Deteriora primero para privatizar después”. El nuevo alcalde, por si acaso, ya lo ha dejado claro: “el Ayuntamiento de Barcelona (…) realizará una diagnosis (…) para racionalizar la estructura de las empresas municipales (…) Tras la diagnosis, se verá si es factible privatizar la gestión de equipamientos” (declaraciones de Xavier Trias al diario Expansión, 7 de noviembre de 2011).
LA SUBCONTRATA SANGRANTE
Quizás el ejemplo más sangrante de subcontrata sería aquella que emplea a discapacitados, bien sean físicos o psíquicos. Mientras los Sindicatos defienden que esta labor de integración se realice con los discapacitados trabajando junto al resto de la plantilla y en igualdad de condiciones, la realidad es que estas subcontratas se convierten en guettos, con discapacitados sujetos a un convenio que les obliga a trabajar los fines de semana y a cobrar sueldos de 700 euros, como mucho. “Y cualquiera se mete con estas empresas, porque parece una labor de integración”, comenta, indignado, Pepe Ruiz.
Mira també:
http://www.favb.cat/pdfs/carrer_92/carrer092.pdf
http://favb.cat/pdfs/carrer_121/carrer121.pdf
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Tras las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo, muchas cosas empezaron a cambiar en España. Cayeron, por ejemplo, feudos que parecían inamovibles. “Los socialistas gobiernan en Barcelona desde que la televisión era en blanco y negro”, sentenciaba no hace mucho el periodista Xavier Rius. Y junto a ellos, el partido de Inma Mayol, Iniciativa, copartícipe del gobierno de la ciudad durante ese largo período de tiempo. Pero parece que hay cosas que no cambian. Por ejemplo, determinadas políticas relacionadas con los servicios públicos, en tiempos de pujanza neoliberal. La victoria de CiU en las municipales trajo, como es natural, una nueva composición del Consejo de Administración de Parcs i Jardins (ahora lo preside el convergente Puigdoller) pero curiosamente su primera decisión ha sido ratificar en el cargo de Gerente a Jordi Campillo, de la órbita de ICV. ¿Continuismo en la gestión? Veamos si los temores que manifestaban los trabajadores de Parcs i Jardins en 2005 estaban justificados.
El cambio legal
De momento, ya es significativo que “el espectáculo insólito, la unidad sindical, hoy por hoy impensable en el conjunto de la ciudad” al que se refería el artículo del 2005 se haya mantenido. En efecto: seis años después, todos los sindicatos siguen manteniendo un frente común en este asunto, pese a las profundas diferencias que les separan en materia de acción sindical. Y todos coinciden en señalar que los temores manifestados por aquel entonces se han visto confirmados. Por ejemplo, la “obligatoriedad”, aducida por el Ajuntament, de convertir varios Institutos Municipales en Organismos Autónomos o en Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL) -supuestamente establecida por la Ley 57/2003, de Modernización de la Administración Local- sólo se aplicó, finalmente, a Parcs i Jardins: ningún otro Instituto vió trastocado su estatuto jurídico. Se confirmaba así una de las tesis sindicales: la decisión de convertir en EPEL fue una decisión política, no una obligación legal. Un punto clave, ya que, tal como explicaba el artículo de 2005, una EPEL “(…) supone que, aunque la titularidad siga siendo municipal, la empresa tendrá amplia autonomía para externalizar (ceder la ejecución de un servicio a una subcontrata)”. La conversión en Entidad Pública explicaría, por tanto, muchas de las cosas que sucedieron después.
De aquellos polvos…
“La ley obliga (a convertir en EPEL) solamente si se pretende continuar con las actividades comerciales del Institut con terceros”. Así replicaba Inma Mayol cuando se cuestionaba la obligatoriedad del cambio jurídico para Parcs i Jardins. En aquella época, las “actividades comerciales con terceros” suponían el 9 % de la actividad total de la empresa. Desde entonces, sin embargo, este capítulo no ha dejado de decrecer: de 3.065.167 de euros en 2005 se ha pasado a 2.518.175 este año. Y las externalizaciones (subcontratas), por el contrario, han crecido exponencialmente: mientras en 2005 suponían 5.521.977 de euros, en 2011 se han elevado a nada menos que 13.883.615. Si tenemos en cuenta que dichas subcontratas ofrecen un servicio de peor calidad que la ejecución directa por personal de Parcs i Jardins, tendremos una de las causas de la progresiva degradación de este organismo. Pero aún así, no es más que un aspecto de tal degradación: las subcontratas se vinculan también con la falta de personal. “El déficit de plantilla es una tendencia que ya existía antes de convertirnos en EPEL” –comenta Pepe Ruiz, presidente del Comité de Empresa (CCOO)- “pero que se agudiza con el cambio jurídico. Si tomamos las cifras de la propia empresa, que establece una proporción de 1’2 trabajadores por hectárea, resulta que necesitaríamos alrededor de 300 empleados más. ¿Que cómo se cubre este déficit?” –se pregunta Ruiz- “pues sólo en parte y mal: dando trabajo a terceros. O sea, externalizando”. Las consecuencias de esta política son claras: “este año, al no contratar para sustituciones de verano, el riego estival de arbolado se ha concedido a una subcontrata (Urbaser, del grupo ACS), cuyo pésimo servicio ha provocado el secado de muchos árboles de la ciudad”. El empeoramiento de la calidad que traen las subcontratas alcanza también al mantenimiento (lo cual deteriora los equipamientos, que luego hay que regenerar con costosos planes de “renovación integral” pagados con dinero público) o a la gestión externalizada de los juegos infantiles. El colmo llega con la Poda Vial (la campaña de poda de arbolado en la vía pública, de octubre a marzo), en la que “no sólo hay subcontratación de la poda” –comenta Antonio Cano, de CGT- “sino también de la supervisión de la poda. Pero es que además hay un supervisor del supervisor”. Es decir, las subcontratas no sólo son sinónimo de peor servicio; también nos cuestan más dinero.
Vinieron estos lodos…
Ante este panorama, el ciudadano medio –condicionado por los medios de comunicación y la propaganda oficial- sólo verá otro servicio público degradado, al que es necesario privatizar para hacer eficiente. O como dice el presidente del Comité de Empresa: “Deteriora primero para privatizar después”. El nuevo alcalde, por si acaso, ya lo ha dejado claro: “el Ayuntamiento de Barcelona (…) realizará una diagnosis (…) para racionalizar la estructura de las empresas municipales (…) Tras la diagnosis, se verá si es factible privatizar la gestión de equipamientos” (declaraciones de Xavier Trias al diario Expansión, 7 de noviembre de 2011).
LA SUBCONTRATA SANGRANTE
Quizás el ejemplo más sangrante de subcontrata sería aquella que emplea a discapacitados, bien sean físicos o psíquicos. Mientras los Sindicatos defienden que esta labor de integración se realice con los discapacitados trabajando junto al resto de la plantilla y en igualdad de condiciones, la realidad es que estas subcontratas se convierten en guettos, con discapacitados sujetos a un convenio que les obliga a trabajar los fines de semana y a cobrar sueldos de 700 euros, como mucho. “Y cualquiera se mete con estas empresas, porque parece una labor de integración”, comenta, indignado, Pepe Ruiz.
Mira també:
http://www.favb.cat/pdfs/carrer_92/carrer092.pdf
http://favb.cat/pdfs/carrer_121/carrer121.pdf
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