E.B.
Los
recortes que se impondrán a los funcionarios en los Presupuestos
Generales del Estado de 2013 que hoy ha presentado el Gobierno parecen
no ser suficientes para el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Ministerio de
Empleo estaría ultimando el reglamento que permitirá realizar despidos
colectivos en las plantillas de las Administraciones y empresas
públicas.
Aunque
el Gobierno ha congelado por tercer año consecutivo las retribuciones
de los empleados públicos y mantendrá a cero la tasa de reposición del
personal que se jubile, salvo en los servicios esenciales como Sanidad,
Educación y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos recortes no serán los
únicos que acometerá el equipo de Mariano Rajoy, cuyo objetivo es
aprobar una reforma que permita aplicar EREs al personal laboral, según
publica Libertad Digital.
Los
sindicatos temen que haya nuevos recortes en el gasto de personal y que
estos se materialicen mediante despidos colectivos entre el personal
laboral, tanto de las Administraciones como de las empresas públicas. Es
decir, mediante la reducción de plantillas, una medida que en ningún
caso afectará a los funcionarios.
La
reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados
públicos, pero su plena aplicación está a la espera de desarrollo
reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y es
probable que no haya grandes modificaciones, ya que los sindicatos no
han recibido respuesta del Ministerio de Empleo a las alegaciones que
presentaron.
Este
documento indica que las empresas públicas podrán aprobar un ERE
alegando “causas económicas”, al igual que cualquier otra compañía
privada. Se entiende que concurren “causas económicas” cuando existan
“pérdidas actuales o previstas”, o bien una “disminución persistente de
su nivel de ingresos ordinarios o ventas”. En todo caso, se entenderá
que la disminución es persistente “si durante tres trimestres
consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre
es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior”.
Asimismo,
las Administraciones Públicas (Gobierno, CCAA, Ayuntamientos, Seguridad
Social, organismos autónomos, Universidades y otras entidades públicas)
podrán despedir personal laboral alegando, igualmente, “causas
económicas”.
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