Los concursos públicos de Barcelona cambiarán. El equipo de Ada Colau
ya ha descubierto que uno de los compromisos que será difícil
desempeñar en su totalidad es el de revertir “la deriva privatizadora”
de servicios públicos que impulsaron los anteriores gobiernos. “Hemos
frenado el concurso de la gestión externa de las dos nuevas guarderías [impulsados por Xavier Trias],
que pasarán a gestionarse con personal del Ayuntamiento”, anunció el
primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, quien matizó que no será
fácil hacer lo mismo “en todos los casos”. El consistorio, además,
incluirá una cláusula en los contratos públicos que obligue a las
adjudicatarias a cumplir los convenios sectoriales.
“Hay que aumentar la plantilla municipal, pero la ley de estabilidad
lo impide”, reconoció Pisarello. Su objetivo es “buscar las brechas”
que pueda tener el texto aprobado en 2012 por PP, CiU y UPyD. El
Ayuntamiento tiene una plantilla de 12.326 trabajadores y, hasta que no
cambie la ley, esta cifra no crecerá.
Es por ello que el nuevo equipo quiere que las empresas que exploten
los servicios públicos cumplan en su totalidad los derechos de sus
trabajadores. Para lograrlo, estudian incluir en los concursos públicos
una cláusula que obligue a respetar el convenio laboral de cada sector.
La reforma laboral del PP
dejó la puerta abierta a que las empresas apliquen sus propios
convenios, que suelen ser menos garantistas. La inclusión de esta
cláusula puede beneficiar a varios miles de trabajadores.
Este cambio es una vieja petición de entidades con gran
representación, como sindicatos, la Patronal de Tercer Sector o la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, al entender que la
administración “es responsable de las condiciones laborales de los
trabajadores subcontratados”, destaca Laia Grabulosa, de la Patronal del
Tercer Sector Social.
Pisarello reconoció que con este cambio es posible que algunos
servicios se encarezcan para el Ayuntamiento, pero lo ve como un
principio irrenunciable. “Es fundamental que los trabajadores no estén
en precario. Hay personas con empleos muy exigentes y unas condiciones
laborales muy inferiores a lo que fijan los convenios”, criticó.
Los sindicatos consultados denuncian que, a menudo, las empresas
subcontratadas no cumplen las medidas de seguridad y emplean a
trabajadores sin la formación necesaria. “Hemos visto a trabajadores
podando árboles sin casco ni arnés”, denuncia Susana Rofín, delegada de
CGT en Parcs i Jardins. El presidente del Comité de Empresa del Parque
Zoológico de Barcelona, Jesús Cabana, alerta del “riesgo" que supone las
subcontrataciones con trabajadores sin “ninguna formación sobre
animales”. Estas personas pueden llegar a cobrar apenas entre cuatro y
ocho euros la hora.
“El problema es que las empresas bajan los precios para ganar los
concursos y lo acaban pagando los trabajadores”, explica Salvador
Candela, de CC OO. Candela lleva tiempo investigando las
subcontrataciones y censura que haya “trabajadores que hacen lo mismo
con condiciones laborales muy distintas”.
Otro punto importante es la calidad de los servicios. “Cada vez que
se crea un parque tenemos que ir luego nosotros a arreglar defectos,
como los sistemas de riego”, añade Rofín. El Tercer Sector culpa de ello
a las adjudicaciones hechas solo por criterios económicos. “En algunos
pliegues, el 100% de los criterios son económicos”, denuncia Grabulosa.
Diez días antes de las elecciones, Trias aprobó una instrucción interna
que reduce hasta un máximo del 40% la parte económica en la valoración
de los servicios que trabajan con personas, de manera que, cuando se
renueven contratos, pesará más la calidad del trabajo.
La Generalitat aprobó en 2012 un código de buenas prácticas que
obliga a las subcontratas a respetar los convenios sectoriales. Por
ahora, solo se aplica en sectores como limpieza y seguridad, pero la
Generalitat trabaja para aumentar el foco. “Es una decisión innovadora y
una apuesta para garantizar retribuciones laborales básicas”, explica
Dolors Jové, responsable jurídica del Área de Contratación Pública de la
Generalitat.
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