Esta denuncia aún no ha sido admitida a trámite. Las Asociaciones demandantes tienen la esperanza de que finalmente sea admitida para que se puedan cumplir así sus tres objetivos: esclarecimiento de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura. En rueda de prensa realizada a las doce y media de este mediodía, los portavoces de las asociaciones han declarado estar muy orgullosos de los resultados del ingente trabajo realizado, recordando además que estamos ante delitos de lesa humanidad, por lo que no prescriben ni se pueden acoger a la Ley de Amnistía. En este sentido, han citado como ejemplo los casos de Argentina, Chile o Sudáfrica.
A renglón seguido, Empar Salvador, del Fórum per la Memoria del País Valenciá ha pasado a desglosar la cifra por comunidades autónomas, dejando claro que éstas son cifras orientativas, pues en la actualidad se siguen investigando miles de casos nuevos aún no registrados. Los datos se reparten de la siguiente manera: Castilla y León, 14.660; Madrid, 3.424; Andalucía, 42.131; Asturias, 6.000; Comunidad Valenciana, 29.034; Murcia, 1.000; Castilla-La Mancha, 8.851; Aragón, 9.538; Galicia, 7.000; Cantabria, 2.535; País Vasco, 1.900; Navarra, 3.920; La Rioja, 2.070; Canarias, 2.211; Ceuta y Melilla, 768; Baleares, 1.486; Catalunya, 3.338; Extremadura, 9.486. Salvador insistió en la idea de que cada una de estas cifras representa a una persona, con sus ideas, sueños, proyectos… Y con un entorno familiar que quedó destrozado tras su asesinato.
A continuación, Cecilio Gordillo, de CGT Andalucía, ha dejado claro, para evitar argumentaciones demagógicas por parte de la derecha, que la única persona que en estos momentos tiene un listado completo y por lo tanto puede dar una cifra global es el juez Garzón. Los datos presentados, por la naturaleza de su recogida (de abajo arriba), pueden presentar repeticiones, por ejemplo por cuestiones de movilidad geográfica, pudiendo aparecer una persona en el listado de su lugar de origen y en el del lugar en el que fue asesinado. Es ahora labor de Garzón y su equipo cruzar estos datos y aportar cifras definitivas. Gordillo también ha denunciado el hecho de que hay muchas investigaciones sobre desaparecidos a las que no han podido tener acceso por diversos motivos, pese a que muchas de ellas se han efectuado con dinero público.
Los portavoces han aprovechado para exponer la necesidad de los familiares de contar con oficinas de información sobre las víctimas. Éstas deberían crearse en los Ayuntamientos, que deberían escuchar a los familiares, cruzar los datos recogidos y ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional, haciendo posible que cualquiera pueda tener un lugar al que acudir y decir “¿dónde está el listado para poner a mi padre?” y que ésto sirva de algo.
Fernando Magán, abogado de un buen número de asociaciones de memoria, ha confirmado que Garzón les ha recibido personalmente y ha estado presente cuando ha comenzado la entrega de la documentación. Pero “lo más importante –ha dicho- no ha sido esto, sino que ahora la Audiencia Nacional cuenta con una lista de 143.353 nombres, fruto del esfuerzo de los demandantes”. Magán ha insistido en la necesidad de que el sistema académico colabore en este esfuerzo por decir dónde sucedió lo que se está denunciando, en qué momento y por qué causas. Lo mismo, según el abogado, puede hacer el Gobierno a través del Ministerio del Interior. En éste sentido, Cecilio Gordillo ha apuntado que el Gobierno debería pedir informes a los Ayuntamientos sobre cuántas fosas hay en sus cementerios. En cuanto a las que están fuera de estos, Gordillo ha sostenido que la misma petición se debería hacer a la Guardia Civil, que conoce la situación de la mayoría de ellas, como él mismo ha podido comprobar en algunos lugares a los que ha acudido personalmente.
Para finalizar, Empar Salvador ha culpabilizado del retraso que está sufriendo el esclarecimiento de lo que aquí sucedió durante la guerra y el franquismo a la falta de voluntad política de las instituciones. “Creemos que [dicho esclarecimiento] es un derecho de la víctima y un deber del Estado. La ley aprobada por el gobierno socialista no nos basta, motivo por el cual la hemos rechazado el 95 % de las asociaciones”, concluyó.
Texto y foto: Roberto Blanco.
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